¿Y los monarcas locales?

La reciente abdicación del rey Juan Carlos ha generado un vendaval de opiniones de diversa índole. Sin ir muy lejos, en el ámbito local aparecieron quienes, horrorizados, se preguntaron cómo era posible la existencia de un sistema monárquico en pleno siglo XXI.
Despotricaron, con mucha razón, contra el rey caza elefantes, contra el privilegio de sangre y contra los recientes escándalos de corrupción que involucran a su yerno y a su hija.

Mi talante liberal me empuja también a compartir el rechazo hacia todo tipo de acción corrupta, sobre todo hacia aquellos negociados en beneficio propio con bienes estatales y hacia cualquier clase de privilegio de unos hombres sobre otros, en especial el privilegio de sangre.

Sin embargo, aquellos vicios lejos de ser exclusivos de un sistema monárquico, son propios de todos los sistemas de gobierno: repúblicas federales y unitarias, monarquías constitucionales y absolutas, incluso, para sorpresa de algunos, estados plurinacionales.

No son los sistemas los que carecen de hábitos virtuosos, sino los hombres que los componen. Por ello es fundamental el desarrollo del Imperio de la Ley: instituciones fuertes e imparciales que no permitan que en nombre de un vulgarizado bien común se cometan injusticias, como la corrupción, el gasto suntuoso y el endiosamiento de simples mortales.

Está claro que España no es una referente en transparencia, no obstante, recientemente se ha imputado a la infanta Cristina, hija de Juan Carlos de Borbón, por los supuestos delitos de blanqueo de capital y fraude fiscal. Aquello es una gran muestra de madurez institucional y arroja un mensaje claro sobre la igualdad de los hombres ante la ley, cosa tremendamente difícil, por no decir imposible, en Bolivia.

Las personas que, con razón, critican los privilegios de dicha monarquía europea, debieran también, por coherencia, cuestionar a nuestros monarcas absolutos locales, que creen que por haber sido elegidos democráticamente pueden actuar abusivamente; podemos empezar por algunas administraciones municipales y terminar por el gobierno nacional. En este país investigar seriamente a los todopoderosos que se benefician de manera desleal con licitaciones y contratos de empresas públicas es algo que no puede ni siquiera pensarse.